El 12 de mayo fijaron audiencia preliminar de Villalba

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Finalmente, la jueza Janine Ríos, de Curuguaty, luego de un año de retraso, fijó para el 12 de mayo, a las 9.00, la audiencia preliminar de Rubén Villalba por casos del 2008 y 2011.

Finalmente, la jueza Janine Ríos, de Curuguaty, luego de un año de retraso, fijó para el 12 de mayo, a las 9.00, la audiencia preliminar de Rubén Villalba por casos del 2008 y 2011.

  Villalba enfrenta dos procesos judiciales a cargo de Ríos, el primero por los delitos de coacción, coacción grave y privación de libertad sobre un hecho que data del año 2008, y el segundo por  el caso de invasión de inmueble del año 2011, en una propiedad de la colonia Naciente, ambos del distrito de Yasy Cañy.

En la audiencia se determinará si se elevarán a juicio oral y público los casos.

Ríos había presentado el trámite de oposición en los dos procesos judiciales, pero el fiscal adjunto de Alto Paraná y Canindeyú, Alejo Vera, había rechazado dicho trámite debido a que la magistrada no presentó en tiempo y forma el documento, inclusive el papel hace constar que la Fiscalía presentó debidamente la acusación, pero que el Juzgado no cumplió el plazo que establece el Código Procesal Penal para una audiencia preliminar.

Ante este error, la jueza se vio obligada a revocar su propio procedimiento antes de que sea elevada a la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá. En contrapartida, fijó audiencia preliminar para el 12 de mayo en el local del Palacio de Justicia de la Capital.

En el caso de invasión de inmueble, la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento provisional de Rubén Villalba, atendiendo que no se han encontrado elementos para enjuiciarlo según el documento fiscal.

En el caso de los delitos de coacción, coacción grave y privación de libertad tiene acusación, por lo que el caso podría elevarse a juicio oral y público.

El labriego, además, enfrenta una acusación por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble por el suceso ocurrido en Marina Cué, en junio del 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías.

La principal crítica hacia el Ministerio Público es que solo investiga la muerte de los policías; la defensa, además, rechaza la causa de invasión de inmueble dado que la propiedad es objeto de litigio entre la firma Campos Morombí y el Estado, es decir, no se determinó quien es el propietario.

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