Delegación Paraguaya dio a conocer el informe país ante el Comité por los Derechos de las personas con discapacidad

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La máxima instancia judicial, estuvo presente en las audiencias llevadas a cabo con una duración de tres jornadas, en la sede del Palais Wilson de Naciones Unidas a través de la participación de la directora de Derechos Humanos Nury Montiel Mallada, con el fin de dar a conocer el informe nacional sobre el cumplimiento de la Convención por los Derechos de las personas con discapacidad.

El documento fue elaborado de manera participativa por las instituciones del Estado Paraguayo e incluyó información consolidada del periodo 2013 al 2018 conforme al II y III informe Nacional (presentado de manera combinada). Así mismo se cumplió en brindar datos actualizados sobre las acciones en materia de discapacidad a nivel nacional. Por parte del Poder Judicial, trabajaron el informe las Abog. Nury Montiel, Marian Mujica y Julia Fernández de la Dirección de Derechos Humanos.
Las principales inquietudes manifestadas en materia judicial tuvieron en cuenta la necesidad de ajustes legislativos en consonancia con la Convención para el correcto actuar judicial, muy especialmente aquellos relacionados a la consideración de la capacidad jurídica, la accesibilidad física, de servicios y de tecnología en el sistema de justicia, entre otras.
Por su parte, Nury Montiel abarcó en su exposición las buenas practicas institucionales que se dan en el marco de las Acordadas 633/10 sobre las Reglas de Brasilia y la Acordada 1024/15 que establece las directrices de la política judicial de personas mayores y personas con discapacidad. Tuvo la oportunidad de mencionar los avances en materia de accesibilidad física, inclusión laboral, las capacitaciones a magistrados/as y operadores sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como las realizadas en materia de lengua de señas.
El Comité por los Derechos de las personas con discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados Partes y acompaña los procesos nacionales de implementación de derechos y el enfoque basado en Derechos Humanos.
Fuente: CSJ.

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